Exigen mujeres freno a reformas contra sus derechos

Frente a la Cámara de Diputados, cientos de hombres y mujeres de organizaciones civiles feministas y de la diversidad sexual, asistieron a la concentración nacional para exigir el derecho a una maternidad libre y voluntaria. Exigieron que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la constitución para proteger “la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural” en el ámbito federal.

 

En diciembre de 2009, alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país firmaron el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres como respuesta a las reformas constitucionales en 18 estados que protegen la vida desde la fecundación.

 

Para estas organizaciones, dichas modificaciones legislativas criminalizan a todas las mujeres por decidir voluntariamente sobre su maternidad, “lo cual es un grave retroceso”. Aseguraron que penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto, incluso en casos de violación, vulnera el carácter laico del Estado mexicano y obstaculiza el avance científico, “lo que profundiza el déficit democrático por razón de género”.

 

Mediante una misiva, el Pacto Nacional exigió a las y los legisladores refrendar su compromiso con el carácter laico del Estado mexicano; vigilar que el gobierno federal y los gobiernos locales garanticen el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos; legislar para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo; rechazar la iniciativa enviada por el Congreso de Veracruz a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro para criminalizar a las mujeres en todo el país por decidir sobre su maternidad e impedir cualquier retroceso legislativo en los derechos de las mujeres a escala nacional.

 

Las feministas explicaron que estos cambios legislativos tienen consecuencias en la vida de las mujeres, quienes podrían quedar expuestas a la práctica del aborto en condiciones insalubres y peligrosas.

 

Expresaron que “en su afán por controlar nuestros cuerpos”, las autoridades en diferentes partes del país se valen de sus leyes para presentar cargos, perseguir y encarcelar a decenas de mujeres acusadas de supuestos delitos equivalentes al asesinato. Por este motivo demandaron “¡libertad inmediata e incondicional a las mujeres presas por abortar!”

 

La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) recordó que la criminalización del aborto viola los primeros 29 artículos de la Constitución, referentes a las garantías individuales. La organización civil dijo que en un Estado laico debe rechazarse la regulación de la moral social encabezada “por las instituciones religiosas que tratan de imponer su propia visión del mundo como si fuera un mandato divino, un destino manifiesto”.

 

“Con estos retrocesos legislativos y sociales, la alianza entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional confirma su vocación entreguista a los intereses de la jerarquía eclesiástica conservadora, aun en contra de las garantías individuales”, aseveró Ddeser.

 

En tanto, Josefina Chávez, perteneciente a la agrupación Feministas Socialistas, en su intervención demandó que “no se ponga mayor valor a un conglomerado de células que a la vida y el bienestar de las mujeres vivas”.

 

De acuerdo con las activistas, en Puebla hay aproximadamente 30 mujeres encarceladas por haber abortado, mientras que en Veracruz otras ocho fueron sancionadas por el mismo delito, de las cuales cinco ya fueron sentenciadas de 12 a 15 años de prisión.